Violencia Contra La Mujer

Opinion Violencia contra la mujerViolencia Contra La Mujer

Susi Pola

La leyes no pertenecen ni siquiera a quienes las proponen, son del pueblo y su elaboración es parte del trabajo -ricamente asalariado- que le paga a Congresistas, por lo que el derecho de autoría, queda en el pueblo.

La “Ley que crea el sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, y nos referimos al original presentado en 2012, no es del Senador que la presentó.

Fue un anteproyecto pensado desde un amplio espacio interinstitucional e intersectorial, convocado por el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría, que comprendió instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, así como Agencias que apoyaron el proceso, para conformar un pequeño comité de personas expertas en el tema y en elaboración de leyes, que representaban al pleno.

Un trabajo comenzado en febrero de 2011. Para septiembre de ese año, el Senador de San Juan de la Maguana, solicitó incluirse en el espacio, cuando ya el pleno había avanzado en los comienzos de la propuesta, y el pequeño comité de expertas ya se habían reunido tres veces, pero se incluyó en el mismo, a una persona de la Oficina Senatorial de San Juan de la Maguana.

A finales de julio 2012, mientras el equipo redactor ampliado consideraba la manera de presentar el anteproyecto a las instituciones representadas, a la ciudadanía y al Congreso, se enteró por la prensa que el Senador había introducido el anteproyecto a su propio nombre, sin siquiera consultar al equipo conformado y mucho menos, mencionándolo. Y sin tener respeto por el trabajo realizado, quitándole toda la parte de despenalización del aborto, porque como ya había manifestado, “no se iba a suicidar políticamente”.

El proyecto original era expresión del pueblo y sus instituciones en consenso. Al otro, el que el Senador presenta ahora, una serie de reformas unilaterales e inconsultas realizadas con la participación de la Procuraduría General de la República, lo han convertido en una entelequia que borra las conquistas de la ley 24-97, y que invalida todo un sistema necesario para la contención de la VCMN y la protección de las mujeres.

En realidad, hay dos traiciones, la primera, cuando inconsultamente el Senador sometió el anteproyecto consensuado, mutilándolo a su provecho de político apetente, y la segunda, ahora, sometiendo el adefesio que resulta de los arreglos realizados, nueva vez inconsultamente y por conveniencias políticas.

Que no se promulgue una legislación que disimula en política un maquiavelismo de hecho para afanes de glorias personales, Ya está bueno!