Chaneyfield Jenkins propone legislación para prohibir que la ciudad premie la actividad delictiva

Chaneyfield Jenkins proposes legislation to prohibit city from rewarding criminal activityChaneyfield Jenkins propone legislación para prohibir que la ciudad premie la actividad delictiva

Elana Knopp

Newark, NJ.- La Concejal del Barrio Central, Gayle Chaneyfield Jenkins, dijo que planea introducir una legislación que prohibiría que cualquier persona que haya sido acusada, declarada culpable o condenada por un delito federal reciba fondos de la ciudad.

Chaneyfield Jenkins le ha pedido al empleado de la ciudad que redacte una ordenanza para su presentación en la próxima reunión del consejo de la ciudad, estableciendo que la ordenanza también debe aplicarse retroactivamente a cualquier persona que haya recibido fondos para un proyecto en curso.

“Una ordenanza como esta no debería ser necesaria porque parece tan evidente que no deberíamos recompensar el comportamiento delictivo con fondos de la ciudad”, dijo Chaneyfield Jenkins. “Desafortunadamente, tenemos una administración que piensa que está bien otorgar nuestros dólares de impuestos a los delincuentes federales y a los acusados de delitos federales”.

Chaneyfield Jenkins presentó la redacción de la ordenanza en la reunión del consejo de la ciudad el 6 de diciembre.

Ocho miembros del consejo votaron a favor de la medida, y el presidente del Consejo, Mildred Crump, fue el único que votó en contra de redactar la legislación. La ordenanza será presentada en la reunión del consejo del 20 de diciembre.

Chaneyfield Jenkins citó a Victor Santos, acusado recientemente en una demanda federal, ya Kiburi Tucker, acusado de delitos federales, de participar en proyectos en curso que han recibido fondos de la ciudad.

Santos, un inversionista inmobiliario de Watchung que está construyendo el nuevo garaje del Departamento de Obras Públicas de Newark, fue arrestado en octubre junto con otros tres por cargos federales de usar “compradores de paja” para obtener fraudulentamente préstamos hipotecarios de un banco.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos alega que, de septiembre de 2007 a noviembre de 2008, Santos, junto con el abogado de bienes raíces Fausto Simoes y otros dos, presuntamente conspiraron para obtener fraudulentamente préstamos hipotecarios por un total de más de $ 5 millones.

El proyecto DPW de la ciudad, ubicado en 52-90 Amsterdam St. en el vecindario Ironbound de la ciudad, incluirá dos edificios de almacenamiento de vehículos de un piso, un garaje de reparación de automóviles de un piso, un estacionamiento de cuatro pisos con 227 espacios y una edificio de oficinas de siete pisos. El garaje proporcionaría lavado, abastecimiento de combustible y reparaciones para los vehículos de la ciudad.

En 2016, el concejo municipal de Newark aprobó un arrendamiento de la propiedad por 25 años, y la ciudad pagó un alquiler de $ 4.7 millones durante el primer año y finalmente aumentó a más de $ 7 millones en el año 25.

La propiedad se encuentra en el centro de una demanda presentada por el ex abogado de la ciudad Willie Parker contra el alcalde de Newark Ras Baraka, el hermano del alcalde y jefe de gabinete Amiri Baraka, Jr., y dos altos funcionarios de la ciudad.

Parker planteó objeciones al multimillonario acuerdo de desarrollo de 52 Amsterdam entre la ciudad y Santos cuando descubrió una disposición adicional al contrato de 40 páginas que exigía que la Ciudad de Newark continuara pagando el alquiler, incluso en el caso de eventos imprevistos, como un desastre natural, evitó que usara la propiedad.

El incidente marcó el comienzo de una supuesta cadena de medidas de represalia.

Parker más tarde sufrió un ataque al corazón y finalmente fue despedido. Él está demandando hasta $ 5 millones en daños y perjuicios. En una declaración el mes pasado, los abogados de Santos, Lawrence Lustberg y Kevin Walsh, dijeron que su cliente dejaría su cargo de gerente con el propietario del proyecto. Pero Chaneyfield Jenkins preguntó en la reunión qué significaba “dimitir”.

“¿Qué significa dejar de lado?”, Dijo Chaneyfield Jenkins. “Si la persona posee la propiedad, ¿qué significa eso? Los contribuyentes deben saberlo”. Tucker, un socio de un grupo de desarrollo que construye un complejo de apartamentos de uso mixto de $ 10 millones en South Ward, se declara culpable en noviembre de los impuestos federales y los cargos en fraude electrónico. La sociedad, Urban Renewal LLC de Bergen Street, está recibiendo $ 3 millones en desgravaciones fiscales, entre otros incentivos.

“No importa que estos contratos se adjudicaron antes de que la actividad delictiva saliera a la luz, o que la actividad delictiva no esté relacionada con el contrato”, dijo Chaneyfield Jenkins. “Como ciudad, podemos elegir a quién le damos nuestros dólares de impuestos. Al otorgar actividad criminal, estamos enviando el mensaje equivocado a nuestros propios ciudadanos y al resto del estado “.

Tucker es el CEO de Elite Strategies, LLC, una compañía de consultoría que co-propiedad con Linda Jumah, que se declaró culpable el mes pasado ante un tribunal federal por informar intencionalmente los ingresos que recibió de la compañía en 2015 al presentar un ingreso personal federal falso declaración de impuestos.

Jumah admitió que después de compartir las ganancias con un socio comercial, ella reportó menos de $ 121,941 en ingresos para el año fiscal 2015, lo que resultó en una pérdida de impuestos de $ 39,633.

Tucker es amigo desde hace mucho tiempo del alcalde Ras Baraka y el hijo de la asambleísta Cleopatra Tucker y el ex asambleísta y concejal de la ciudad de Newark Donald Tucker.

“Alguien me dio una segunda oportunidad cuando hice algo mal”, dijo, aludiendo a la medida como punitiva.

Pero Chaneyfield Jenkins dijo que el consejo tenía una responsabilidad con los residentes de Newark.

“Tenemos una responsabilidad fiduciaria con los contribuyentes”, dijo. “Necesitamos claridad. ¿Cómo no protegemos el dinero de los contribuyentes?

Chaneyfield Jenkins también hizo referencia a un informe exclusivo en TAP en Newark, que reveló que la Unidad de Protección Ejecutiva de 27 miembros de la ciudad recaudó más de un millón de dólares en horas extras entre el 1 de enero de 2017 y el 25 de agosto de 2017.

Los registros muestran que la unidad de seguridad incluye 27 oficiales de policía, todos ganan un salario base de aproximadamente $ 100,000 y ganan horas extraordinarias por un total de $ 1,121,557. 20.

Los pagos de horas extras para cada funcionario individual oscilaron entre $ 15,000 y $ 108,000 durante el período de tiempo.